No es ningún secreto a voces el hecho de que Hacienda y los contribuyentes tienen miles de procesos abiertos por reclamaciones que suponen miles de millones en el limbo. Esto es, la impugnación por parte personas físicas y empresas de liquidaciones y sanciones tributarias por el cuestionamiento de su tributación en inspecciones, o procesos de reclamación porque la Hacienda no ha aceptado las peticiones del contribuyente.
El procedimiento de reclamación del contribuyente contra Hacienda tiene un primer paso obligatorio en los tribunales económico-administrativos (TEAR y/o TEAC). Estos procesos de reclamación son gratuitos para el contribuyente. Por lo tanto, son vitales por permitir la posibilidad de cuestionar una decisión de Hacienda sin el riesgo de asumir costes por ello. Es una vía fundamental dado que las personas físicas y las empresas no pueden acudir a la Justicia sin una Resolución de estos tribunales económicos administrativos.
Según afirma Xavier Rubert, abogado y socio de Lullius Partners, un despacho especializado en procedimientos y litigios tributarios, “la mayoría de contribuyentes optan por no recurrir. Muchas veces por desconocimiento de la existencia de profesionales expertos en la materia y otras porque existe una leyenda urbana de que contra Hacienda no se puede ganar. Afortunadamente la estadística nos dice que eso no es así. Hacienda no siempre gana la batalla. Sin ninguna duda, vale la pena recurrir.”
Otro factor muy polémico es el tiempo que tardan estos tribunales económico-administrativos en resolver, que pueden demorarse hasta tres años (en primera instancia). Cuando resuelven, casi la mitad de veces dan la razón a los contribuyentes. Los contribuyentes ganaron el 44,28% de estos procedimientos en 2021, según la última Memoria anual de 2021 publicada por el Ministerio de Hacienda. Hacienda ganó la batalla en el 46,95% de los procesos. El 8,77% restante aparece bajo el concepto de Otros, que incluye los desistimientos y el archivo de actuaciones.
Del total de reclamaciones interpuestas, la mayoría de resoluciones favorables para los contribuyentes se producen en reclamaciones relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (69%), en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (57%), en el Impuesto sobre el Valor Añadido (51%) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (61%).
Asimismo, en el año 2021 se ha producido un incremento en el número de reclamaciones presentadas, hasta un total de 212.796, lo que supone un incremento del 12,38% con respecto a las presentadas en 2020. Según afirma Xavier Rubert, “el volumen de litigios con Hacienda irá en aumento año tras año, principalmente, debido al mayor nivel de sofisticación y automatismo en el tratamiento de datos (big data) por parte de Hacienda, todo ello unido al considerable afán recaudador que impone el Ejecutivo para sostener el nivel de gasto público.”
Los inspectores de Hacienda cobran una retribución extraordinaria variable que puede llegar a suponer unos bonus de entre 18.700 y 32.000 euros anuales.
Teóricamente, estos incentivos deberían distribuirse entre los funcionarios en base a criterios de eficacia y meritocracia. Sin embargo, la teoría dista mucho de la realidad, y, desgraciadamente el sistema prima la cantidad sobre la calidad del trabajo. Todo ello sin importar el resultado final – Hacienda pierde el 50% de las reclamaciones que hacen los contribuyentes -. Es decir, incluso si el litigio tributario es resuelto en contra de Hacienda, el Inspector podría cobrar esa bonificación. La paradoja es tan dispar que “es como si un Juez ganara más dinero cuanto más gente meta en la cárcel”, apunta Xavier Rubert.
En opinión de Xavier Rubert, “el sistema debería “castigar” a aquellos inspectores que liquidan y sancionan sin fundamento jurídico – muchas veces casi temeraria y negligentemente- , y cuya actuación fuese anulada en vía de revisión. Debería ser posible la devolución de las bonificaciones percibidas o, en su caso, la prohibición de la percepción de estas a futuro por “mala praxis”, más si tenemos en cuenta que tales “aventuras” nos vienen costando más de 250 millones al año en intereses a todos los contribuyentes. Recordemos que sólo este año, el Tribunal Supremo ha condenado a Hacienda a devolver a Telefónica la friolera de 790 millones por impuestos indebidamente pagados y otros 526 millones en intereses de demora.”
